En paralelo, el sector reclamó con urgencia la cancelación de la deuda histórica que el Estado mantiene con las empresas constructoras, en medio de la incertidumbre generada por los bonos anunciados por el Ministerio de Economía que aún no tienen fecha de emisión.
El costo del abandono
El entorno que preside Gustavo Weiss salió a la carga tras la reunión del Consejo Federal de la entidad y dejó en evidencia la magnitud del déficit estructural en el que se encuentra la red vial argentina. Según los cálculos de CAMARCO, la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura vial le cuesta al país 25.000 millones de dólares anuales, una cifra que impacta directamente en la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población.
"La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población", señalaron desde la entidad en un comunicado contundente. El reclamo apunta a los 30.000 kilómetros de rutas nacionales que no están bajo régimen de concesión y que, lejos de recibir inversión, acumulan años de deterioro por la paralización de la obra pública.
Si bien desde CAMARCO festejaron el comienzo de las nuevas concesiones viales, dejaron en claro que eso no alcanza: "La falta de inversión en infraestructura es uno de los principales problemas estructurales de la Argentina. Sin resolver este déficit, el país no podrá integrarse competitivamente al comercio internacional ni sostener un proceso de crecimiento de largo plazo".
Deuda impaga y bonos en la nebulosa
El otro frente de conflicto es financiero. El Estado Nacional mantiene una deuda histórica con las empresas constructoras que sigue sin resolverse, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado la emisión de bonos como mecanismo de cancelación. La falta de precisiones sobre ese instrumento genera incertidumbre y agrava la crisis financiera de un sector que ya atraviesa una de sus peores etapas.
"Continúa sin resolverse la deuda histórica del Estado Nacional con las empresas constructoras. La falta de definición sobre el bono anunciado para su cancelación genera incertidumbre y agrava la crisis financiera del sector. Cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo", advirtieron desde la cámara.
La estrategia de Caputo de "patear deuda para adelante" mediante bonos —en línea con el sostenimiento del relato de superávit fiscal— encuentra resistencia en un sector que necesita liquidez inmediata para sobrevivir. Las constructoras no solo reclaman un plan de obras, sino también el pago efectivo de lo que el Estado les adeuda, condición sine qua non para recomponer la cadena de pagos y evitar más cierres de empresas.
El sector en caída libre
Los números reflejan la gravedad de la situación. La demanda de insumos de la construcción se desplomó un 22% en los últimos 15 meses, una caída que evidencia la paralización casi total de la obra pública y el freno de la inversión privada. La construcción, históricamente uno de los motores de empleo de la economía argentina, se convirtió en uno de los sectores más castigados por la crisis económica y por la decisión del Gobierno de priorizar el ajuste fiscal por sobre el gasto en infraestructura.
El escenario plantea un dilema político y económico para la administración de Javier Milei: mantener el rumbo del equilibrio fiscal a costa de profundizar el deterioro del stock de infraestructura heredado, o reactivar parcialmente la inversión en rutas y obras públicas para evitar que el costo económico y social del abandono supere los beneficios contables del ajuste. Por ahora, desde CAMARCO advierten que el precio de no actuar ya se mide en miles de millones de dólares perdidos.
