El ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la titular de la API, Daniela Bosco, detallaron que el plan alcanza a todas las deudas generadas hasta el 31 de marzo de 2026. El esquema de cuotas se adapta según el perfil del contribuyente para garantizar un acceso equitativo al beneficio:
- Contribuyentes generales: Dispondrán de hasta 12 cuotas sin interés de financiación o hasta 36 cuotas con una tasa del 1,5% mensual.
- Familias con mayor patrimonio: Quienes posean más de dos inmuebles y dos vehículos registrados podrán optar por 6 cuotas sin interés, de 7 a 12 con un 0,5% mensual, y de 13 a 36 con un 2% mensual.
- Grandes contribuyentes: El esquema prevé 6 cuotas sin interés, de 7 a 12 con tasa del 0,75% mensual y de 13 a 36 con un interés del 2,5%.
- Sector Salud y Discapacidad: Un beneficio diferencial permite a instituciones y prestadores vinculados a la discapacidad acceder a planes de 36 cuotas sin interés.
Implementación y beneficios directos
El trámite será 100% online a través del portal oficial de la provincia, utilizando CUIT y clave fiscal en la sección de Gestiones Ciudadanas. Las cuotas se debitarán automáticamente de las cuentas declaradas por los contribuyentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia de la medida frente a la coyuntura nacional: “En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”. Por su parte, Olivares subrayó que esta herramienta se complementa con la baja de Ingresos Brutos aplicada a principios de año, la cual ya representó un ahorro de $10.000 millones para el sector privado provincial.
Análisis de coyuntura: el impacto de la crisis
La decisión administrativa busca evitar que los contribuyentes caigan en procesos de apremio fiscal o sanciones en un momento de fuerte retracción del mercado interno. Al facilitar la regularización de impuestos como Patente Automotor y Sellos, la provincia intenta inyectar previsibilidad financiera a las pymes locales y aliviar la carga sobre los salarios familiares, permitiendo que el cumplimiento tributario no comprometa la operatividad de las empresas ni la economía hogareña.
