La resolución del juez en lo Civil y Comercial Nicolás Villanueva hizo lugar a una demanda por disolución y liquidación de sociedad de hecho. La presentación fue impulsada por una docente que convivió con un farmacéutico desde diciembre de 2002 hasta diciembre de 2021. Según el relato de la mujer, durante ese tiempo compartieron un proyecto de vida que incluyó el nacimiento de una hija y la edificación de una vivienda familiar.
A pesar de que el demandado sostuvo que existió independencia económica y que solo compartían gastos cotidianos, el magistrado concluyó que existió una efectiva comunidad de intereses. La docente argumentó que destinó sus ingresos salariales, ahorros personales y el alquiler de un departamento de su propiedad para realizar inversiones y construir la casa donde vivieron. El juez entendió acreditado que estos aportes fueron sustanciales para el crecimiento del patrimonio familiar y que no podían quedar sin reconocimiento tras la ruptura.
Justicia con perspectiva de género
Uno de los puntos centrales del fallo fue la aplicación de la perspectiva de género para analizar las asimetrías dentro de la relación. La demandante vinculó la inscripción de los activos a nombre de su expareja con un "contexto social patriarcal" utilizado como herramienta de control económico. En sintonía, el juez Villanueva remarcó la importancia de visualizar situaciones de opresión y desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
Citando jurisprudencia y doctrina de especialistas como Aída Kemelmajer de Carlucci, el magistrado señaló que juzgar con esta mirada permite visibilizar aportes que suelen quedar ocultos bajo esquemas tradicionales. La sentencia busca garantizar la igualdad real y el acceso efectivo a la justicia, reconociendo el valor económico de las contribuciones realizadas por la mujer durante la unión convivencial.
Detalles de la compensación económica
El fallo establece que el hombre debe abonar a su expareja la suma de $113.000.000 como capital principal. Al sumar los intereses acumulados durante los últimos cinco años, el monto total que deberá percibir la docente asciende aproximadamente a los $160.000.000.
La resolución sienta un nuevo antecedente en Rosario respecto al reconocimiento de derechos patrimoniales en parejas que no han contraído matrimonio legal, poniendo el foco en la protección de la parte que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica al momento de finalizar la convivencia.
