Bajo una supuesta bandera de "cambio", la lista opositora intentó competir con avales truchos y firmas adulteradas. Su estrategia de judicialización constante terminó atentando contra la libertad sindical, obligando a la Cámara del Trabajo a dictar prórrogas para garantizar la institucionalidad que ellos mismos pusieron en riesgo.
La careta del "saneamiento" gremial se cayó definitivamente para la Lista Granate 41. Lo que comenzó como una plataforma electoral de renovación, hoy se hunde bajo el peso de una denuncia penal por falsificación de documentos y firmas, radicada incluso antes del inicio del proceso electoral.
La investigación penal es devastadora: la oposición, incapaz de reunir los apoyos legítimos de las bases, habría recurrido a la falsificación sistemática de firmas de candidatos y avalistas para cumplir con los requisitos legales. Este intento de "asalto" al poder del SOMU mediante el engaño fue el detonante que vició de nulidad la transparencia que todo proceso democrático exige.
No conformes con el intento de fraude, la Granate 41 inició una ofensiva de judicialización extrema. Al inundar los tribunales con oficios y medidas cautelares, lograron empantanar el calendario electoral, atentando directamente contra la libertad sindical y la autonomía de los trabajadores marítimos para elegir a sus representantes.
Ante este escenario de desestabilización, la reciente decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cobra un valor doble. No solo prorroga los mandatos para evitar que el gremio quede a la deriva, sino que actúa como un mecanismo de saneamiento.
La Justicia entendió que la única forma de proteger al sindicato frente a las maniobras espurias de la oposición es mantener la autoridad vigente mientras se depura el proceso. La prórroga de 45 días no es una casualidad administrativa; es la respuesta institucional a un intento de toma de poder ilegítima.
Prometieron transparencia y se los investiga por falsificación de instrumento público y privado. Denunciaron irregularidades y fueron ellos quienes viciaron el proceso con firmas inexistentes. Hablaron de democracia y sus constantes oficios judiciales paralizaron el derecho al voto de miles de afiliados.
"No se puede hablar de democracia sindical cuando se intenta llegar al poder mediante el fraude y la estafa procesal", señalan fuentes del gremio.
El futuro del SOMU
Hoy, la conducción nacional tiene la tarea de reconstruir la estabilidad que la Granate 41 intentó dinamitar. Con el respaldo de la Cámara del Trabajo y el avance de la causa penal, el SOMU inicia una etapa de limpieza institucional, reafirmando que el único camino hacia las urnas es el de la legalidad, sin firmas truchas ni atajos judiciales.
