La iniciativa, impulsada por la ex ministra de Salud Sonia Martorano (PJ), evidencia una reducción del 55% en los envíos de botiquines a la provincia y advierte sobre el desmantelamiento de una herramienta que cubre el 80% de las patologías atendidas en el primer nivel de atención.

El desarme progresivo de una política de Estado
El programa Remediar nació en plena crisis de 2002 con un objetivo claro: que las personas sin cobertura de obra social o prepaga pudieran retirar gratuitamente los medicamentos recetados en centros de salud del sistema público. Durante más de dos décadas, se convirtió en una pieza central de la atención primaria de la salud, abasteciendo a unos 8.000 centros de salud en todo el país con fármacos para hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias e infecciones.

Según Martorano, la lógica era preventiva: sostener tratamientos crónicos, evitar complicaciones y reducir derivaciones innecesarias a hospitales de mayor complejidad. Pero esa lógica parece revertirse.

De 79 medicamentos a 3: una "readecuación" que redefine el acceso
El punto de inflexión, según la legisladora justicialista, no es menor: el vademécum de Remediar pasaría de 79 medicamentos a un esquema de apenas 3. Para Martorano, esto no es una optimización administrativa, sino "un cambio estructural en la política sanitaria nacional" que abandona la cobertura amplia por un criterio "selectivo e insuficiente".

La consecuencia es directa: la interrupción de tratamientos, la pérdida de adherencia terapéutica y el desplazamiento de consultas hacia hospitales y guardias, sobrecargando un sistema que ya opera al límite. En lugar de prevenir, el Estado interviene tarde, de forma más costosa y menos eficiente.

Los números de Santa Fe: una caída del 55% en un año
La provincia santafesina sintió el recorte en carne propia. Según los datos expuestos por Martorano:
2024: 10.711 botiquines entregados, equivalentes a 2.061.426 tratamientos.
2025: 5.701 botiquines, alcanzando 922.426 tratamientos.

Una caída que no solo reduce el stock de medicamentos, sino que también impacta en la cadena de provisión local. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), empresa estatal santafesina, fue durante años proveedor de varios productos para esos botiquines. Su exclusión del circuito Remediar golpea de lleno la soberanía sanitaria provincial.

La interna legislativa: alianzas, cruces y abstenciones
El proyecto de Martorano logró un amplio respaldo transversal, aunque no exento de tensiones. Se sumaron las firmas de Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía), la radical Silvana Distefano y la socialista Varinia Drisun, quienes coincidieron en denunciar el abandono federal de políticas históricas y el efecto presupuestario que recae sobre las provincias.

Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) también acompañó la iniciativa. En cambio, tres sectores optaron por la abstención: Amalia Granata (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Beatriz Brouwer (Unite).
El rechazo frontal vino del interbloque Unidos: Ximena Sola y Fernanda Castellani, ambas del PRO, votaron en contra del texto.

"No es ahorro, es mercantilización del derecho a la salud"
Las intervenciones dejaron en evidencia la grieta política sobre el modelo de salud pública. Balagué cuestionó la política nacional pero reconoció los esfuerzos provinciales, pidiendo a sus pares "ser más exigentes hacia Nación".
Distefano, presidenta del bloque de la UCR, citó los reclamos reiterados de la ministra santafesina Silvia Ciancio en los encuentros de Cofesa (Consejo Federal de Salud): "Tenemos dos caminos, hacernos cargo o mirar hacia otro lado, y decidimos hacernos cargo", remarcó al detallar los costos que asume la provincia para compensar el vacío federal.

La definición más contundente fue de la socialista Varinia Drisun: "Remediar soluciona el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos y alivia la atención en hospitales. No es una política de ahorro, es una clara intención de transformar el derecho a la salud en una mercancía"