En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales vectores de desigualdad en el país, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de ley para establecer el Protocolo de Protección contra los Desalojos Forzosos en Santa Fe. El documento, ingresado este 27 de abril, define al desalojo forzoso como cualquier desplazamiento involuntario de personas o comunidades de sus tierras o viviendas sin el acceso a una protección jurídica adecuada ni a alternativas habitacionales dignas.

La normativa propuesta parte de la premisa de que el desalojo debe ser siempre una medida de último recurso. Según los fundamentos del proyecto, el déficit habitacional en Argentina es crítico, afectando a más del 35% de los hogares, lo que obliga al Estado a intervenir para garantizar que los procesos judiciales o administrativos no vulneren derechos fundamentales como la salud, la educación y la integridad familiar.

Garantías obligatorias y control estatal
El protocolo detalla una serie de garantías que el Estado deberá asegurar en cada una de las etapas del proceso. Antes de la ejecución, se exige una notificación fehaciente en plazos razonables, asistencia jurídica gratuita para los afectados y una evaluación obligatoria de alternativas que eviten el desplazamiento. Durante el procedimiento, la ley ordena la presencia de autoridades debidamente identificadas y el registro audiovisual de todo el operativo para garantizar la legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Asimismo, el proyecto establece responsabilidades posteriores al desalojo, obligando al Estado a garantizar de forma inmediata condiciones de vida dignas, que incluyan alimentación, agua y alojamiento transitorio. El objetivo final es que la autoridad de aplicación, propuesta bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, asegure una solución habitacional definitiva en un plazo razonable.

Registro Provincial y Equipos Interdisciplinarios
Para dar seguimiento técnico a esta problemática, la iniciativa contempla la creación del Registro Provincial de Desalojos. Este organismo tendrá la función de sistematizar la información sobre los operativos realizados, las personas afectadas y las intervenciones estatales ejecutadas, con el fin de generar datos públicos que permitan mejorar las políticas de hábitat en la provincia.

Finalmente, se prevé la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por profesionales de las áreas jurídica, social y psicológica. Este equipo será el encargado de elaborar informes sociales, brindar asistencia integral y acompañar a las familias afectadas hasta que se resuelva su situación habitacional. Con esta ley, se busca equilibrar el derecho de propiedad con el derecho constitucional a una vivienda adecuada, evitando que la desprotección estatal agrave los conflictos sociales.