Cuidacoches en la mira: Pullaro impulsa una ley provincial para erradicar la actividad en Santa Fe
El gobernador de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la actividad de los denominados "trapitos" en todo el territorio provincial. La iniciativa, que establece arrestos de hasta 30 días para quienes exijan dinero por el estacionamiento en la vía pública, busca unificar criterios legales y terminar con la coacción en las calles de las principales ciudades.
El fin de la ambigüedad legal
Hasta el momento, la regulación de los cuidacoches dependía de ordenanzas municipales que, en la práctica, resultaban insuficientes o de difícil aplicación por parte de la policía. Con esta nueva ley, el Gobierno Provincial eleva el estatus del conflicto al Código de Faltas santafesino, otorgando a las fuerzas de seguridad una herramienta directa para intervenir ante la sola presencia de personas realizando esta actividad de manera coactiva.
La bajada de línea del Ejecutivo es contundente: no se trata de una cuestión de asistencia social, sino de seguridad pública. El proyecto estipula que quien solicite dinero, de manera directa o indirecta, por el cuidado de vehículos en espacios públicos sin autorización legal, comete una falta que será sancionada con multas o detención.
El factor de la seguridad y el control territorial
Para el Ministerio de Justicia y Seguridad, la actividad de los cuidacoches suele esconder situaciones de extorsión y, en algunos casos, vínculos con economías delictivas más complejas. La ley busca desarticular el control informal de la calle que hoy ejercen individuos o grupos organizados, especialmente en zonas gastronómicas y eventos masivos.
Penalidades agravadas: Las sanciones se duplicarán si la actividad se realiza en grupo, si se detecta la presencia de menores o si hay indicios de violencia o intimidación hacia los conductores.
Poder de policía: La normativa permitirá que la Policía de Santa Fe actúe de oficio, sin necesidad de una denuncia previa por parte del ciudadano, algo que hasta ahora limitaba el accionar preventivo.
Reequilibrio de fuerzas y debate social
La propuesta ya genera tensiones en los bloques legislativos y en las organizaciones que trabajan con sectores vulnerables. Mientras que un amplio sector de la sociedad civil reclama orden y el cese de los "aprietes", sectores de la oposición cuestionan la efectividad de la medida sin un plan de contención social que ofrezca alternativas laborales a quienes subsisten con esta actividad.
Sin embargo, desde la Casa Gris sostienen que el derecho a transitar y estacionar libremente en el espacio público debe prevalecer. La apuesta política es clara: mostrar una gestión de mano firme en la recuperación del espacio público, un eje central de la narrativa de seguridad de la actual administración santafesina.