La discusión enfrenta dos modelos: el libre mercado del oficialismo versus la protección a las Pymes de las provincias productoras.

Tras casi dos décadas de un régimen de promociación que impulsó Máximo Kirchner, el sector de biocombustibles argentino muestra signos de agotamiento. Sin embargo, su potencial sigue intacto: la industria del biodiésel —con epicentro en el sur santafesino— opera con el 70% de su capacidad ociosa, capaz de producir 4,5 millones de toneladas anuales que no llegan a fabricarse. La Fundación Mediterránea, a través de su instituto Ieral, presentó un análisis que aboga por una transformación radical: pasar de un sistema de "precios administrados" a uno basado en la eficiencia y la competencia de mercado.

Del auge al estancamiento
En años como 2011 o 2017, el biodiésel argentino superó exportaciones por 1.800 millones de litros. En 2024, según el Ieral, los envíos cayeron a 437 millones. La caída se explica por la pérdida de competitividad derivada de las retenciones: tras la reducción de diferenciales de derechos de exportación, mercados como Europa y Estados Unidos levantaron barreras antidumping.

A pesar del presente magro, el biodiésel ofrece ventajas estratégicas indiscutibles: sustituye importaciones, fortalece economías regionales, incorpora a las Pymes, agrega valor en origen, genera empleo y diversifica la matriz energética, reduciendo la dependencia de shocks externos en el precio del petróleo.

El salto al 15%: una oportunidad técnica inmediata
Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ieral es el aprovechamiento de la capacidad instalada. Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel al gasoil es del 7,5%, pero la industria está técnicamente preparada para subir al 15% (B15) de forma inmediata.

Este nivel se considera "drop-in": puede aplicarse en el parque automotor actual —camiones, ómnibus y maquinaria agrícola— sin ajustes mecánicos ni cambios en la logística de distribución. Lo más relevante: el incremento puede ser abastecido totalmente por la industria nacional sin desviar materia prima de otros usos ni presionar sobre el precio de los alimentos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que elevar los cortes al 15% en bioetanol y biodiésel implicaría, para 2026, un costo adicional de $245 mil millones, equivalente al 0,02% del PBI.

Dos modelos en pugna
El debate legislativo enfrenta dos proyectos contrapuestos:
- Proyecto Oficialista (D6969/2024): Apuesta por una liberalización agresiva. Elimina la fijación estatal de precios y permite que petroleras y grandes exportadores compitan libremente. El objetivo es que, para 2031, todo el volumen de mezcla se pacte entre partes, fomentando inversión y reducción de costos.
- Proyecto Liga Bioenergética (S1495/2024): Impulsado por provincias productoras, busca una transición más protegida para las Pymes, que compiten en desventaja frente a las grandes aceiteras del sur santafesino. Propone licitaciones con precios máximos (paridad de importación), mantiene la exclusión de petroleras del núcleo del negocio y garantiza un "piso colectivo" de participación para las Pymes.

La variable retenciones y la ventana de oportunidad
El análisis del Ieral destaca el peso de los derechos de exportación en la ecuación. "Al tratarse de un impuesto muy distorsivo, es probable (y deseable) que se avance en una baja o eliminación de esta carga tributaria", señala el informe. Una menor carga mejoraría la rentabilidad del complejo agroexportador, elevando los precios internos de granos y aceites —principales insumos— aunque esto presionaría los costos de producción de biocombustibles.

La conclusión del Ieral es tajante: dada la fragilidad de la gestión pública en Argentina, el nuevo régimen debe priorizar mecanismos simples y transparentes. "Un esquema que requiera intervención estatal en temas complejos como asignar volúmenes o determinar precios corre el riesgo de cristalizar ineficiencias y discrecionalidad", advierte el informe, poniendo la eficiencia por sobre la burocracia.