El proyecto, que lleva la firma de Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas y otros legisladores, propone un plan de facilidades para deudas vencidas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2026. La normativa establece la condonación total de honorarios, intereses punitorios y multas. Una vez recalculado el monto neto, los usuarios podrán optar por planes de pago de entre 12 y 48 cuotas, con un interés compensatorio equivalente a la mitad de la tasa del Banco Nación para préstamos.

Aquellos que decidan cancelar su deuda de contado o en menos cuotas recibirán reducciones adicionales en los intereses. Además, el beneficio se incrementará en un 50% para sectores vulnerables: usuarios con Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) en el caso de la EPE, y aquellos en zonas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el servicio de agua.

Fundamentos: El impacto de la crisis en los hogares
La articulación política detrás del proyecto se apoya en datos críticos sobre la economía provincial. Los fundamentos señalan que Santa Fe perdió 13.875 puestos de trabajo desde finales de 2023 y que el ingreso disponible de los trabajadores cayó hasta un 23% en el sector público. "Las familias están crecientemente endeudadas para sostener sus niveles de consumo y no están pudiendo afrontar sus pagos", advierten los legisladores, citando que la morosidad en préstamos personales alcanzó su valor más alto (13,2%).

Tarifazos y quita de subsidios
La iniciativa critica la "agresiva política de reducción de subsidios" que llevó a que 7,5 millones de argentinos perdieran el beneficio energético en 2026. En el caso del agua, los diputados cuestionan los aumentos del 30% en 2025 y 14% en 2026 bajo el amparo de la Ley de Emergencia, argumentando que ninguna paritaria salarial acompañó tales actualizaciones. La bajada de línea del bloque es clara: las empresas públicas deben ofrecer una salida para evitar el corte de servicios esenciales a miles de santafesinos.

Plazos y adhesión de cooperativas
De aprobarse la ley, los usuarios tendrán un plazo de 90 días para acogerse a la moratoria una vez reglamentada. El proyecto también invita a las cooperativas y subdistribuidoras del interior provincial a implementar regímenes similares, buscando que el alivio financiero llegue a todos los distritos del territorio santafesino. El Círculo Rojo político seguirá de cerca el tratamiento en comisiones, donde se definirá si el oficialismo acompaña esta medida de alivio fiscal en un año marcado por la restricción presupuestaria.