El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la notificación fue entregada a una familia de la ciudad de Santa Fe tras validarse la identidad del menor involucrado. El monto exacto reclamado asciende a $6.024.944, cifra que representa el gasto operativo exacto que el Estado santafesino debió afrontar para responder a la intimidación.

Plazo de pago: La familia dispone de cinco días para abonar voluntariamente.  

Consecuencias: En caso de no cancelarse la deuda, los antecedentes se girarán a la Fiscalía de Estado para iniciar el cobro judicial.  

Naturaleza del reclamo: Se trata de una indemnización civil por resarcimiento de daños, independiente de cualquier sanción penal que pudiera corresponder.

Deuda millonaria y alcance de la medida
La gestión provincial busca recuperar un total estimado de 250 millones de pesos por la ola de amenazas que afectó a las escuelas santafesinas en las últimas semanas. Según las cifras oficiales:  
- Hechos identificados: Ya se han esclarecido 58 casos con autores identificados.  
- Personas involucradas: Hay más de 70 responsables señalados por la Fiscalía, entre autores materiales y adultos responsables.  
- Procedimiento: Cada vez que la Justicia valida una identidad, el Ministerio emite automáticamente la intimación de pago.

¿Cómo se calcula el costo de "la broma"?
El ministro detalló que el monto no es una multa arbitraria, sino el cálculo preciso de los recursos públicos movilizados. El costo de cada operativo incluye:  
Personal especializado: Intervención de brigadas de explosivos y horas de servicio de los agentes.  
Logística: Gasto de combustible y amortización de los vehículos policiales utilizados.  
Medidas cautelares: Al ser una deuda regida por el Código Civil y Comercial, el Estado tiene la facultad de embargar sueldos o inhibir bienes de los padres si no se cumple con el pago.  

"No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos", concluyó Cococcioni, enfatizando la necesidad de cuidar los recursos de seguridad para que puedan destinarse a emergencias reales.