La salida del economista massista expone las tensiones ocultas detrás de los números oficiales y alimenta suspicacias sobre el manejo político de las estadísticas en plena aceleración de tarifas.
El "cortocircuito": entre la presión técnica y la cautela electoral

Desde la Casa Rosada intentaron vender la renuncia como un "acuerdo mutuo" en "buenos términos", pero la versión no resistió el primer contacto con la realidad institucional. Lavagna convocó a los directores nacionales a las 10:30 de la mañana y, según fuentes presentes, "confesó que no aguantaba más la situación". La frase precisa, filtrada a este medio, fue contundente: se iba por la "presión insoportable para demorar el índice".

El motivo técnico es delicado. El nuevo IPC —trabajado desde 2022 y asesorado por el FMI— actualiza la canasta de consumo reemplazando la encuesta de gastos de hogares de 2004/2005 (con atraso de 20 años) por la de 2017/2018. La diferencia no es menor: la nueva metodología le asigna menor peso a bienes y mayor a servicios, lo que habría arrojado una inflación 16 puntos más alta en 2024, según calculó Martín González Rozada (UTDT). En otras palabras, las subas tarifarias de 2024 y 2025 se hubieran reflejado con crudeza en los números oficiales.

"Como esta administración confía en que la inflación va a caer, no quiere dar lugar a que el kirchnerismo diga que la baja se debe a manipulación del índice", explicaron voceros presidenciales. El argumento, sin embargo, choca con el calendario del propio FMI, que estimaba la vigencia del nuevo IPC para diciembre pasado.

Caputo frena la medición: "No hay necesidad ahora"
El ministro de Economía selló el destino del nuevo índice en declaraciones radiales. Confirmó que Pedro Ignacio Lines, director técnico del organismo, asumirá la titularidad y que la metodología actual se mantendrá "por algunos meses". La justificación fue técnica-poética: el nuevo índice "da prácticamente lo mismo" que el vigente.

La afirmación contrasta con los propios datos oficiales. Caputo anticipó que la inflación de enero "seguramente estará en torno al 2,5%", superior al 2,2% de enero de 2025 y al segundo dato más alto desde la estabilización. La aceleración interanual —tres meses consecutivos de suba— complica la narrativa de la "desinflación consolidada".

La postergación beneficia a un Gobierno que enfrenta ajuste de bandas cambiarias y quita masiva de subsidios en los servicios. El Banco Central, por su parte, ya había reconocido en su Informe de Política Monetaria (IPOM) que la demora en el nuevo índice evitó que la inflación pasada se midiera con mayor severity.

La herencia massista y los proyectos truncados
Lavagna desembarcó en el INDEC en diciembre de 2019 de la mano de Sergio Massa y desde entonces navegó entre intervenciones políticas y presupuestos menguantes. Su gestión quedó marcada por la intención de autonomizar el organismo: impulsaba una ley para que el titular fuera designado por el Congreso y el instituto contara con fondos propios, una iniciativa que Massa frenó en su momento y que Milei ignoró por completo.

La "motosierra" ejecutiva terminó de desgastar el vínculo. En un año, el INDEC perdió 110 trabajadores (10% de la plantilla) y seis direcciones quedaron vacantes. La advertencia de la junta interna de ATE fue explícita: "Nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con nuevas ponderaciones".
Otros proyectos sensibles quedaron en la carpeta:

Actualización del índice de salarios informales, con rezago de cinco meses que mostraba una mejora real ficticia del sector no registrado
Nuevo índice de pobreza, clave para las políticas sociales
Conflicto con Daniel Scioli por la medición del déficit turístico, que en 2025 alcanzó su valor más alto de la historia

El silencio de la carta: lo que Lavagna no dijo
En su despedida a los empleados, el economista fue evasivo sobre el IPC. Hablando de "proyectos con alto nivel de desarrollo" que quedan pendientes, omitió la principal disputa que le costó el cargo. La carta, sin embargo, mantuvo un tono de advertencia velada: la necesidad de que el sistema estadístico "siga adaptándose y fortaleciéndose" en un contexto de "realidad económica y social que cambia permanentemente".

La renuncia deja al INDEC en una zon gris institucional. Sin autonomía garantizada, con personal mermado y con una metodología de inflación desactualizada por dos décadas, el organismo corre el riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación política más que en un termómetro objetivo de la economía real.

Mientras tanto, la rosca del poder sigue girando: el nuevo índice se posterga sine die, las tarifas suben sin registrar todo su impacto, y la "desinflación" sigue siendo, ante todo, un acto de fe oficialista.