En Santa Fe, el sistema incorpora la antigüedad como eje clave del cálculo, una lógica que la distingue de Córdoba —la más barata del país— y de jurisdicciones como Entre Ríos, donde la carga supera el 3% del valor fiscal.

Un tributo con 24 caras distintas
Según un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco), el costo promedio nacional de la patente representa el 1,93% del valor fiscal del rodado. Pero ese promedio esconde una realidad fragmentada: cada provincia fija sus propias reglas y eso genera brechas que se traducen en cifras contundentes.

En Córdoba, la alícuota promedio es del 1,07%, la más baja del país. En Buenos Aires, se ubica en torno al 1,59%. Pero en Entre Ríos y otras jurisdicciones, la tasa supera el 3%. Para un auto de gama media, la diferencia anual puede oscilar desde poco más de 270 mil pesos hasta cerca de un millón, dependiendo del domicilio del contribuyente. En los segmentos de alta gama, la brecha se amplifica y supera el millón de pesos en la mayoría de los distritos.

Santa Fe: la apuesta por la antigüedad
El sistema santafesino rompe con la lógica dominante. A diferencia de otras provincias que aplican una tasa directa sobre el valor del vehículo, en territorio santafesino el cálculo combina el valor fiscal con los años de uso. A mayor antigüedad, menor presión impositiva.
Esta estructura busca equilibrar la carga y reconocer el desgaste del bien, pero también introduce contrastes difíciles de explicar. Un auto idéntico puede tributar montos muy distintos según esté radicado en Rosario, Córdoba o Paraná. Santa Fe se ubica en una posición intermedia del mapa nacional: no es la más barata, pero tampoco la más cara. Su particularidad radica en que el impuesto decae con el tiempo, una lógica que protege al dueño de vehículos usados pero que no necesariamente resulta más económica para autos nuevos.

¿Recaudación o retribución?
El estudio de Ineco pone el dedo en una herida estructural: el impuesto automotor funciona como herramienta clave de recaudación provincial, pero no está vinculado al uso real de la infraestructura vial. Dos vehículos que recorren los mismos kilómetros pueden pagar montos radicalmente distintos solo por su valor fiscal o por la jurisdicción donde están registrados.

En los últimos años, comenzaron a circular propuestas para reformular el esquema y atarlo a variables como el peso, el tipo de combustible o el kilometraje real. La idea es transformar la patente en un tributo más racional y equitativo, pero el debate —por su alto costo político y fiscal— todavía está en una etapa incipiente. Mientras tanto, los automovilistas argentinos siguen pagando un tributo cuyo monto depende más del código postal que del uso efectivo de las rutas.