Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani presentaron ante el Tribunal Oral Federal N° 2 un pedido contundente: el decomiso de 141 inmuebles pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, además de decenas de automotores y millones en efectivo. La medida busca hacer efectiva la reparación del daño establecida en la sentencia firme por la defraudación a la Administración Pública en la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas.

El listado incluye 13 propiedades vinculadas a sociedades de la familia Kirchner y 128 inmuebles de sociedades ligadas al empresario Báez, entre ellos el emblemático departamento de San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde la expresidenta se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria tras la condena a seis años de inhabilitación especial.

"Ni un solo peso": la resistencia al pago
La solicitud de los fiscales responde al incumplimiento total de la obligación de reparación económica impuesta por la justicia. Según el escrito, las personas condenadas fueron intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 —casi 685 mil millones de pesos— pero "todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo".

"Vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", señalaron Mola y Luciani en su presentación.

Además de los inmuebles, los fiscales reclaman el decomiso de 46 automotores, US$4.664.000 provenientes de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, y US$992.134 de una cuenta del Banco de Galicia, más $53.280,24 en efectivo.

La Corte Suprema y la subasta de bienes
El pedido se enmarca en un proceso ya en marcha: a finales de 2025, el propio TOF 2 había solicitado que la Corte Suprema de Justicia se encargue de administrar y subastar los bienes de la expresidenta. Esa decisión afecta 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, obtenidos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período que coincide con el ciclo de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El monto del decomiso sufrió una actualización drástica: lo que originalmente era de $84.835 millones fue recalculado por peritos contadores a $684.990 millones, siguiendo criterios técnicos validados por la Corte Suprema.

Paralelamente: la restitución de la pensión presidencial
En un capítulo judicial simultáneo, la Cámara Federal de la Seguridad Social decidió este jueves restituir la pensión no contributiva que Cristina Kirchner cobraba por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner. La Sala III declaró admisible el recurso presentado por la expresidenta y suspendió los efectos de la resolución de la ANSES que había dado de baja el beneficio hace dos años.

Hasta su suspensión, la pensión alcanzaba los 8 millones de pesos mensuales. El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, anunció que presentará un recurso extraordinario federal contra la decisión. Mientras tanto, el abogado Gregorio Dalbón, representante de la exmandataria, celebró: "Se hizo justicia. El Estado no puede quitar un derecho previsional de naturaleza alimentaria sin una fundamentación sólida".

La dualidad de las decisiones judiciales —el embate por el decomiso millonario versus la restitución de ingresos estatales— dibuja un escenario de batallas legales simultáneas donde la expresidenta enfrenta la pérdida de su patrimonio while recupera fuentes de financiamiento para su defensa.