La oposición, liderada por el peronismo de Omar Perotti, presiona para que la legislación provincial sea "piso" de derechos laborales, mientras la UCR y el socialismo debaten internamente sobre la ampliación de ediles en los concejos.

La carrera contra el tiempo
La Cámara de Diputados de Santa Fe vive horas de definiciones. La bancada oficialista de Unidos trabaja contrarreloj para aprobar la Ley Orgánica de Municipios el próximo 9 de abril, una fecha que marca el inicio de la recta final legislativa. Sin embargo, el camino no será lineal: las modificaciones que introduzca el oficialismo en la cámara baja obligarán a un nuevo paso por el Senado, donde el proyecto ya cuenta con aval unánime tras un acuerdo entre socialistas, radicales y peronistas.

La necesidad de "volver a empezar" en el Senado no es meramente protocolar. En el oficialismo admiten que introducirán retoques formales en la redacción, pero también analizan ajustes sustantivos al texto original enviado por el Ejecutivo a fines de 2025. La pregunta que ronda los pasillos es si esos cambios mantendrán el espíritu del consenso alcanzado o abrirán nuevas grietas.

El dilema de los concejos: ¿más o menos política?
Uno de los puntos que genera mayor inquietud interna es la composición de los concejos deliberantes. El proyecto establece un esquema progresivo según la cantidad de habitantes, lo que impactaría en 35 municipios: 18 deberían aumentar su número de ediles, mientras que 27 los reducirían.
El balance global parece neutro, pero el clima político no acompaña cualquier movimiento que sugiera "más cargos". El propio Concejo de Reconquista ya rechazó públicamente cualquier incremento en sus integrantes, presionando desde la rosca local. Dentro de Unidos, la UCR y el socialismo aún no cerraron filas sobre cómo reescribir este capítulo sin quemar capital político en un año electoralmente sensible.

El empleo municipal: la batalla por los derechos laborales
Si los concejos son un problema de cálculo político, el capítulo laboral es una cuestión de principios. En el plenario de comisiones donde se analizaron los 119 artículos del proyecto, el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) desplegaron su estrategia: convertir a la legislación provincial en piso irrenunciable de derechos para los trabajadores municipales.

La postura del justicialismo, alineada con la conducción de Omar Perotti, apunta a evitar que los municipios puedan reducir conquistas laborales por debajo de lo que establece la provincia. El FAS fue más específico: exige la vigencia explícita de las leyes 8.296 (Estatuto y Escalafón) y 9.256 (Régimen de Licencias). El diputado Fabián "Palo" Oliver elevó la apuesta y advirtió que su bloque no acompañará la ley sin modificaciones en este apartado.

La presión sindical también se hizo sentir. Referentes de Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) participaron de la reunión de comisiones, consolidando una alianza opositora que el oficialismo no puede ignorar del todo.

Diálogo con techo: la coparticipación, línea roja
En el oficialismo valoran que la oposición haya presentado propuestas concretas y hablan de "mejorar el proyecto" mediante el debate. Sin embargo, trazan una línea roja inflexible: descartan de plano incluir un régimen transitorio de coparticipación, como reclama el peronismo.

"Sobre empleo público hay distintas propuestas de redacción. No hay consenso todavía, pero igual lo vamos a discutir", reconoció un diputado radical, en un guiño a la necesidad de cierta flexibilidad. Pero sobre el reparto de recursos, la postura es tajante: ese debate quedará para una ley específica que el Ejecutivo deberá enviar durante el año.

El mensaje es claro: Unidos tiene los votos para aprobar la ley sin la oposición, pero prefiere evitar el costo de una sanción unilateral en un contexto de creciente tensión social y electoral.