El énfasis actual en los "concursos anticipados" y la "corrección informática" para evitar el favoritismo político contrasta brutalmente con el desembarco de dos de sus actuales ministros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En diciembre de 2015, ambos aceptaron ser nombrados mediante el DNU 83/2015, una vía excepcionalísima que pretendía saltear el mecanismo de audiencia pública y acuerdo del Senado previsto en el Artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

En aquel entonces, la urgencia política de la administración de Mauricio Macri primó sobre las formas republicanas, y los magistrados que hoy claman por "neutralizar la influencia política" no tuvieron reparos en prestarse a una designación por decreto que fue calificada por constitucionalistas de todo el arco ideológico como un atropello institucional. Si bien luego el trámite se regularizó en el Congreso, el pecado original de origen persiste como una sombra de contradicción: ¿con qué autoridad moral se exige hoy un rigorismo técnico extremo para un juez de primera instancia cuando los jueces de la Corte aceptaron entrar por la ventana de la política?

¿Independencia o autoprotección corporativa?
La propuesta de la Corte de este 26 de marzo de 2026 puede leerse no como un avance hacia la transparencia, sino como una maniobra de atrincheramiento corporativo. Al restarle facultades al Consejo de la Magistratura —un órgano donde la política tiene representación directa— y centralizar los criterios de evaluación en protocolos técnicos diseñados por la propia Corte, el tribunal busca cerrar el círculo sobre sí mismo.

La doble vara: El proyecto exige "exámenes ciegos" para los aspirantes a jueces, pero los ministros de la Corte no han propuesto mecanismos similares para la autocrítica de sus propios pliegos o la transparencia de sus vínculos con sectores del poder real.

El factor Rosatti-Rosenkrantz: La Acordada 4/2026 lleva la firma de quienes protagonizaron el escándalo institucional más grande de la década pasada al aceptar cargos "en comisión". Que hoy se presenten como los guardianes de la "anti-discrecionalidad" suena a una puesta en escena para lavar la imagen de un tribunal cuya legitimidad de origen siempre fue cuestionada.

El timing político: Esta súbita preocupación por la "dedocracia" judicial surge justo cuando el actual Ejecutivo nacional intenta avanzar con sus propias designaciones para cubrir las vacantes en la Corte (como los casos de Lijo y García-Mansilla), sugiriendo que el tribunal solo defiende la meritocracia cuando siente que pierde el control del tablero.

Consecuencias: El cinismo como política judicial
El dato central de esta reforma es el divorcio entre el discurso y la historia. Para el ciudadano común y para los profesionales del derecho, el mensaje es confuso: se les pide a los nuevos jueces que pasen por un escáner de idoneidad tecnológica mientras los jefes del sistema ingresaron mediante un atajo político que ignoró al Parlamento.

Hacia la segunda mitad de 2026, esta puja entre la Corte y el Consejo de la Magistratura dejará al descubierto que la "transparencia" es, muchas veces, el ropaje que utiliza el Poder Judicial para blindarse ante los cambios de clima político. La verdadera reforma judicial no vendrá de la mano de algoritmos de corrección automática, sino de una coherencia ética que la actual Corte, con su historial de nombramientos por decreto y saltos constitucionales, parece haber olvidado en el camino de su propia conveniencia.