El caso involucra a un alumno de entre 12 y 13 años que habría participado en un "desafío viral" difundiendo una nota intimidante. Según el abogado de la familia, Rodolfo Mingarini, el hecho no encuadra en la figura legal de amenaza.

Contexto del hallazgo: El letrado argumentó que la nota fue encontrada en un estacionamiento fuera del colegio y no representó una situación de peligro real ni coerción hacia una persona determinada.

Reconocimiento y disculpas: Destacó que el adolescente reconoció el hecho ante sus padres y la escuela, y que la institución contuvo la situación sin que se produjeran incidentes mayores.

Costo operativo en duda: Mingarini cuestionó la cifra de $6 millones, señalando que en el operativo solo intervino un patrullero. "No hay desglose ni explicación de los costos. Es una cifra arbitraria", denunció en declaraciones a LT10.

El eje del conflicto: ¿Puede el Estado cobrar sin un juez?
La impugnación abre un profundo debate jurídico sobre los límites del poder administrador frente a la responsabilidad civil de los padres.

Falta de ley específica: La defensa sostiene que no existe una ley que habilite al Ministerio de Seguridad a cobrar estos montos de forma directa. Argumentan que, si bien la responsabilidad civil de los menores recae en los padres, esta debe ser determinada por un juez en un proceso judicial.

Unilateralidad: "El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones", señaló el abogado, objetando además el plazo perentorio de cinco días otorgado para el pago sin vías claras de descargo.

La postura oficial ante el incremento de amenazas
Desde el Ministerio de Seguridad, la gestión provincial mantiene su postura de utilizar estas sanciones como una herramienta disuasoria y de recupero de fondos públicos. El gobierno fundamenta la medida en la necesidad de desalentar las conductas que, aunque muchas veces surgen como bromas o retos virales, provocan una gran alarma social y movilizan costosos recursos policiales y de brigadas especializadas.

Este primer recurso judicial marca un antecedente clave que obligará a la Justicia santafesina a definir si el mecanismo de intimación administrativa es válido o si el Estado deberá tramitar cada caso por la vía de los tribunales civiles.