La resolución dictada por el juez Nicolás Villanueva surge tras detectar una omisión administrativa previa y establece un choque directo con los planes de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Los puntos clave de la medida judicial son:

Inhibición vigente: El juzgado ratificó que la orden de inhibición general de bienes —que impide vender o gravar activos de la empresa— fue dictada originalmente en 2019 y confirmada en 2024.

Subsanación ante la ANAC: Se ordenó inscribir formalmente esta restricción ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), trámite que la sindicatura del concurso no había completado.

Notificación a la Casa Gris: El juez libró un oficio a la Aprad para que tome conocimiento de que el avión forma parte de los activos protegidos por el concurso de acreedores.

El perjuicio económico para víctimas y acreedores
A diferencia de lo que sostiene el discurso oficial, la resolución advierte que la subasta bajo el régimen de la Aprad podría resultar perjudicial para quienes reclaman deudas a Casanovas. Los motivos del impacto negativo son:

Retención de fondos: Lo recaudado no se entregaría de inmediato a los acreedores, sino que se giraría al Tesoro provincial hasta que exista una sentencia firme (penal o civil).

Tasas de interés insuficientes: El dinero quedaría resguardado a una tasa pasiva del Banco Nación, la cual no cubre la depreciación por inflación.

Costos de remate y logística: Al precio de venta se le restaría un 20% en concepto de gastos de remate, además de descontar todos los costos acumulados por acarreo y custodia de la aeronave.

Incertidumbre sobre el remate del 16 de abril
La "Casa Gris" se encuentra ahora ante una encrucijada legal. Pese a que la justicia penal había dado luz verde a la subasta argumentando que los procedimientos se ajustaban a la ley provincial, este nuevo revés del fuero Civil y Comercial plantea que la aeronave es un bien inhibido en el marco de un concurso preventivo. Hasta el momento, el gobierno provincial no ha confirmado si suspenderá la subasta programada para este jueves o si mantendrá la ejecución basándose en la primacía de la normativa penal sobre bienes incautados.

La batalla judicial por el avión de Casanovas expone una zona gris entre las facultades de decomiso del Estado y la protección de activos en procesos concursales, dejando el destino del remate en una situación de alta precariedad legal.