A través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, el Ejecutivo intenta revertir el fallo que invalidó la suspensión de la norma por decreto. Mientras tanto, en el Congreso, la tensión llegó a su punto máximo: la oposición reclama la implementación inmediata de las prestaciones básicas, mientras el oficialismo impulsa un proyecto paralelo para endurecer auditorías y reinstalar la incompatibilidad entre pensiones y trabajo formal.
La batalla judicial: El fantasma del "quebranto fiscal"
La Procuraduría del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante el Máximo Tribunal con un argumento central: la sostenibilidad fiscal. Para el Gobierno, la plena vigencia de la Ley 27.793 —que el Ejecutivo intentó frenar mediante el Decreto 681/2025— genera una "gravedad institucional" al obligar al Estado a realizar erogaciones no previstas.
Desde el entorno oficialista advierten que el fallo del juez Adrián González Charvay, quien declaró la inconstitucionalidad de la suspensión de la ley, pone en riesgo el sistema de seguridad social. Sin embargo, la justicia ha sido taxativa: el Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas para suspender leyes bajo argumentos económicos, especialmente cuando la propia norma faculta a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas para garantizar su cumplimiento.
Fuego cruzado en Diputados: "Eutanasia social"
En la Cámara Baja, la Comisión de Discapacidad se convirtió en un escenario de catarsis y denuncias graves. Organizaciones civiles y familiares denunciaron un ajuste sistémico que incluye el cierre de centros de día, la interrupción de terapias y la falta de entrega de medicamentos.
Dura acusación: El diputado Juan Marino (UP) calificó la gestión como una "eutanasia social".
Foco en Salud: Se escucharon pedidos de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien acusan de priorizar los intereses de las empresas de medicina prepaga y obras sociales por sobre los beneficiarios del sistema.
Violencia simbólica: El testimonio de Ian Moche, el joven influencer con autismo, sumó dramatismo a la jornada tras denunciar hostigamiento y ataques físicos a su vivienda, vinculando el clima de violencia a la polarización política del tema en redes sociales.
El plan "Anti-Fraude": El nuevo frente en el Senado
Ante la dificultad de frenar la ley por vía administrativa, el Gobierno envió al Senado el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Esta iniciativa no es otra cosa que un intento de reescribir las reglas de juego por vía legislativa, atacando los puntos neurálgicos de la Ley de Emergencia.
El eje del conflicto radica en la incompatibilidad. Mientras la ley vigente permite que una persona con discapacidad trabaje y mantenga su pensión (siempre que gane menos de dos salarios mínimos), el nuevo proyecto de la Casa Rosada vuelve a una lógica excluyente: o se percibe la pensión o se tiene un trabajo registrado.
Además, el proyecto establece un reempadronamiento obligatorio en 90 días y faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a levantar el secreto fiscal para auditar a los beneficiarios. Para el sector, esto no representa una mejora en el control, sino una herramienta de recorte por goteo que busca reducir el universo de asistidos mediante la burocratización del beneficio.
