En una resolución de gran impacto institucional, el juez federal Ariel Lijo ordenó el llamado a indagatoria de 15 personas, entre las que destacan la exministra de Salud, Carla Vizzotti, y la exasesora presidencial, Cecilia Nicolini. La medida responde a un pedido de la fiscalía, que detectó indicios de "irregularidades de relevancia penal" en la estrategia de adquisición de vacunas durante el período más crítico de la emergencia sanitaria.
La ronda de declaraciones comenzará el próximo 19 de mayo y se extenderá hasta el mes de septiembre. Además de los funcionarios, la justicia citó a figuras del ámbito privado y científico, incluyendo al empresario Hugo Sigman (vinculado a la producción local de AstraZeneca) y al infectólogo Pedro Cahn, quien integró el comité de expertos que asesoraba al Poder Ejecutivo.
El eje de la acusación: el "No" a Pfizer
La hipótesis principal del fiscal Stornelli apunta a que el Estado argentino mantuvo una actitud de bloqueo o dilación intencional frente a la oferta del laboratorio Pfizer. Según el dictamen, los contactos con la firma estadounidense se iniciaron en julio de 2020, pero el Gobierno decidió no avanzar, priorizando otros contratos que recién comenzaron a entregar dosis en volumen entre marzo y abril de 2021.
Direccionamiento: La fiscalía sospecha que los funcionarios se habrían interesado en beneficiar a socios locales y laboratorios específicos (AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V).
Consecuencias sanitarias: Stornelli remarca que estas decisiones no fueron "inocuas", ya que privaron al país de contar con una cantidad significativa de dosis con mayor anticipación, en un contexto de alta mortalidad por el virus.
Delitos investigados: Los hechos podrían encuadrar en figuras como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Exfuncionarios y empresarios bajo la lupa
La lista de citados refleja la cúpula del Ministerio de Salud y del esquema de asesores de la gestión anterior:
Carla Vizzotti: Exministra de Salud.
Cecilia Nicolini: Exasesora clave en las negociaciones internacionales.
Mauricio Monsalvo: Exsubsecretario de Gestión Administrativa.
Sonia Tarragona: Exsubsecretaria de Medicamentos.
Juan Manuel Castelli: Exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles.
En el sector privado, el foco está puesto en la relación entre el Estado y los laboratorios que finalmente proveyeron las dosis, investigando si existieron acuerdos de exclusividad o beneficios indebidos para los representantes locales de esas firmas.
El impacto de la demora
Para la fiscalía, la falta de una explicación técnica sólida sobre por qué se rechazó inicialmente a Pfizer —cuando el laboratorio ya realizaba ensayos clínicos en el país— refuerza la idea de un interés particular en la elección de los proveedores. La causa intentará determinar si esa estrategia de compra respondió a criterios de salud pública o a intereses económicos y geopolíticos que terminaron afectando la disponibilidad de vacunas en el territorio argentino.
